El 2026 será un año clave para la transformación digital y la regulación de datos en Chile. Esto se debe a la entrada en vigor de la Ley N°21.719, la cual fue aprobada desde el 13 de diciembre de 2024. Esta normativa modifica la actual Ley N°19.628 sobre la protección de la vida privada, trayendo consigo un robusto marco legal alineado con los estándares internacionales.
¿En qué consiste la Ley N° 21.719?
Esta nueva ley busca asegurar una gestión más segura y transparente de la privacidad y el tratamiento de datos personales. Para ello, se creó la Agencia de Protección de Datos Personales, un órgano independiente encargado de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de estas normativas.
Entre los aspectos más destacados de la normativa se encuentran:
- Consentimiento explícito e informado: Toda recopilación y uso de datos personales requerirá un consentimiento claro y específico del titular.
- Derecho al olvido y portabilidad de datos: Las personas podrán solicitar la eliminación de su información o trasladarla a otro proveedor.
- Fortalecimiento de sanciones: Se establecen penalidades más severas para las empresas que incumplan con la normativa, incluyendo multas significativas. Ya que a diferencia de la ley vigente, el Proyecto de Ley impone sanciones y multas que serán aplicables a los responsables que incurran en infracciones a la ley
Conforme a ciertas Indicaciones, las infracciones se distinguen según :
- Infracciones leves: serán sancionadas con multas de hasta 100 unidades tributarias mensuales, eliminándose el mínimo de 1 unidad tributaria mensual del Proyecto de Ley original.
- Infracciones Graves: serán sancionadas con multa de 101 a hasta 5.000 unidades tributarias mensuales o, en el caso de las empresas, multa de hasta la suma equivalente al 2% de los ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro en el último año calendario, con un máximo de 10.000 unidades tributarias mensuales.
- Infracciones gravísimas: serán sancionadas con multa de 5.001 a hasta 10.000 unidades tributarias mensuales o, en el caso de las empresas, multa de hasta la suma equivalente al 4% de los ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro en el último año calendario, con un máximo de 20.000 unidades tributarias mensuales.
Impacto en las organizaciones
La publicación oficial de esta ley, como detallado en el informe de Lizama Abogados, señala que las empresas deberán adaptar sus políticas internas y sistemas tecnológicos para cumplir con los nuevos requisitos. Esto implica no solo cambios legales, sino también un enfoque técnico que garantice la seguridad en el tratamiento de la información.
Por otro lado las empresas que operan con grandes volúmenes de datos, como las fintechs, retail y sectores gubernamentales, estarán entre las más impactadas. Este cambio representa un desafío, pero también una oportunidad para modernizar sus sistemas y reforzar la confianza del consumidor.
¿Cómo puede ResIT ayudar en esta transición?
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